plusvalia-innovacasaSegún los Ayuntamientos, cuando se vende un inmueble, da igual que se obtenga una pérdida o una ganancia: siempre hay que pagar la plusvalía municipal. Sin embargo, los Tribunales están empezando a opinar de forma diferente.

De acuerdo con la normativa, la plusvalía (impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana -IIVTNU-) es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y que se pone de manifiesto con la transmisión de la propiedad, ya sea por compra-venta, herencia u otros. Esto está fundamentado en el artículo 47 de la Constitución Española donde expresa que “La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los poderes públicos”

Desde Martínez Echevarría Abagados dicen estar en condiciones de aseverar que para que se aplique dicho gravamen tienen que concurrir los siguientes tres elementos:

  1. Se ha de tratar de un negocio jurídico de transmisión de la propiedad, o de constitución o transmisión de un derecho real de goce o limitativo del dominio.
  2. El objeto de la transmisión tiene que ser un terreno de naturaleza urbana.
  3. Desde la fecha de compra hasta la fecha de venta es requisito sine qua non que se produzca un incremento de valor del bien.

Por lo tanto uno de los requisitos ineludibles para que una transmisión quede sujeta al impuesto de plusvalía, es que el bien transmitido haya incrementado su valor. Tan es así que su propio nombre lo dice “incremento sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

La Jurisprudencia apunta en tal dirección, baste citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de julio de 2013, Recurso 515/2011, que llega a la conclusión de que cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales incremento alguno, el IIVTNU no podrá exigirse.

Así, expone:

 en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo y ello pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo del artículo 107 de la LHL, pues al faltar un elemento esencial del hecho imponible, no puede surgir la obligación tributaria”. 

Concluye la Sentencia:

La ausencia objetiva de incremento de valor dará lugar a la no sujeción del impuesto (…) pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del método de cálculo y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica”.

“Estas conclusiones (…) han de considerarse incuestionables en el momento actual, a la vista de la realidad económica (…). De ser la ficción jurídica la única interpretación posible del artículo 107 LHL, éste habría de considerar inconstitucional (…) pues la Constitución impide que se  graven capacidades económicas ficticias de los ciudadanos”.

Esta resolución judicial no es un fallo aislado, sino que coincide con otros pronunciamientos recientes en idéntico sentido.

1- Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona Nº 13, de 22 de enero de 2013, Recurso 152/2012, en la que se ha estimado la inexistencia de plusvalía municipal en la transmisión de unos inmuebles urbanos sitos en Barcelona, en los que no se constató aumento de valor sino todo lo contrario. “… en las que se hace constar como valor de adquisición de la finca 715.323# y como valor de transmisión 602.605,32 #, siendo aquellos perfectamente razonables como valor de mercado y sin que se haya desplegado prueba contradictoria…  y consecuentemente la no sujeción al IIVTNU …»

2- Sentencia de 29 de abril de 1996, Recurso 3279/1993, que no sujeta a plusvalía la transmisión de un terreno en el que estaban suspendidas las licencias con ocasión de la modificación urbanística prevista en la que pasaba a ser un terreno carente de posibilidad alguna de aprovechamiento urbanístico;

3- Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 1997, Recurso 336/1993, que consideró desproporcionado un aumento lineal del 300% sobre el valor inicial del terreno;

Concluye el artículo de Don Rafael Azuaga Galvez del Postigo que «Resulta claro que, para el máximo exponente judicial en nuestro País, Tribunal Supremo, la inexistencia de incremento del valor excluye la aplicación del Impuesto».

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